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La epidemia de los trapos blancos

La epidemia de los trapos blancos

Por Cecibel Romero

Las banderas blancas sobre los muros, puertas y paredes de lámina comenzaron a multiplicarse en la segunda quincena de mayo. Algunas estaban manchadas con frases demoledoras: “Tenemos hambre precidente”; “Necesitamos comida”.

Lo que el presidente Nayib Bukele había vaticinado dos meses atrás para mediados de mayo era que la mitad de los salvadoreños (3,145,728) se habría contagiado de la COVID-19, no de la epidemia del hambre. Esos números catastróficos sobre el impacto del coronavirus fueron transmitidos en cadena nacional de radio y televisión y sirvieron para imponer un estricto encierro y detener la economía del país.  

El escenario de miedo lo terminaría de construir con una producción frenética de tuits en las próximas horas. “Algunos aún no se han dado cuenta, pero ya inició la Tercera Guerra Mundial”, escribió el 22 de marzo, el segundo día de aplicación de la cuarentena domiciliar obligatoria. El mensaje iba acompañado de una imagen del mapamundi bombardeado con puntos rojos que marcaban el avance de la pandemia.

Pero su predicción falló y lo que saltó a mitad de mayo fueron cientos de puntitos blancos sobre las viviendas de las familias más pobres en el mapa de El Salvador. Parecía que se rendían y solicitaban una tregua al confinamiento porque esos hogares ya estaban contra las cuerdas. 

De esas casas vulnerables salen por las mañanas vendedores con sus carretones llenos de frutas y verduras; trabajadores por cuenta propia que viven del ingreso diario y que carecen de protección social. Lo que en realidad estaban enviando era una señal de que ya estaban pasando hambre y en las condiciones de encierro y sin posibilidad de ingresos no tenían opción: pedían solidaridad, pedían comida. 

Esos pañuelos blancos los notó Yaneth Soto, una madre soltera que vende ropa usada en las calles de Santa Ana, al occidente del país. Cuando vio los pañuelos blancos a su alrededor, decidió enviar al grupo de WhatsApp de sus vecinos fotos de blusas con un cartel: “Cambio por paquete de galletas”; “Cambio por una libra de frijol”; “Cambio por dos bolsitas de detergente”. Su intención era recoger algunos víveres para compartirlos con esas familias que tiraban la toalla porque ya habían luchado y no podían más. Pero sus amigos decidieron ampliar el radar y subirlas a Facebook y Twitter. La respuesta solidaria llegó rápidamente desde distintos puntos del país y sirvió para ayudar a 37 familias con frijoles, arroz, café, harina, papel higiénico, detergente y hasta galletas para los niños. Para ella era urgente atender el llamado de las banderas blancas porque sabía que allí no había llegado ninguna ayuda municipal ni del gobierno nacional en dos meses. “Acá como que somos invisibles. No nos miran”, dice.

Yaneth tuvo suerte de ser beneficiaria del bono de 300 dólares que el gobierno entregó a finales de marzo a 1.5 millones de salvadoreños, pero el dinero ya se esfumó en comida y en medicinas para su trombosis. Esa ropa ajada que propuso como trueque era parte de la mercadería que ya no pudo salir a vender. A pesar de la aflicción porque debe pagar un préstamo con un abono de 57 dólares mensuales y debe destinar 80 dólares mensuales a pagar su vivienda, se abstuvo de salir a trabajar. Primero, porque todos los días caminaba con sus dos hijos para ganar entre uno y 13 dólares (cuando es un día bueno) y tenía temor de que se contagiaran. La otra razón para quedarse en casa fue el miedo a que la capturaran por violar la cuarentena, como sucedió a más de 2,400 salvadoreños. 

Muchos de esos “presos inocentes” intentaron hacer valer sus derechos en las puertas de la Corte Suprema de Justicia. Pero las resoluciones de la Sala de lo Constitucional fueron desdeñadas por el presidente Bukele; en lugar de aplicarlas, ordenaba al ministro de Defensa y de la Policía que fueran más duros con la gente en la calle: que decomisaran los carros y no tuvieran problemas en doblarle las muñecas a los detenidos.

Esas historias de abuso policial y maltrato en los centros de contención han quedado registradas con denuncias formales en la Procuraduría de Derechos Humanos (más de 1,000); otras arbitrariedades fueron publicadas con fotos, videos y comentarios de angustia e indignación (casi en tiempo real) en las cuentas de redes sociales de los “encuarentenados”. Así se llamó a esos salvadoreños que arribaron al país y fueron recluidos por más de 30 días en caóticos albergues, sin información confiable sobre su salud. 

La mano dura también llegó a las cárceles cuando hubo un repunte de los homicidios. El mundo se escandalizó con las fotografías de cientos de presos semidesnudos y apiñados, sin ningún distanciamiento social. En lugar de preocuparse por cómo evitar la expansión del virus y la mortandad en las hacinadas prisiones, se jactó de obligar a las dos pandillas rivales de El Salvador (MS-13 y Barrio 18) a convivir en celdas selladas. 

En las zonas de clases media y alta, la incertidumbre por la paralización económica y la molestia por la suma de improvisaciones generó una protesta ruidosa: pitos y cacerolazos a partir de las 8:00 de la noche.

Los salvadoreños se encerraron todavía más a partir del 7 de mayo cuando un nuevo decreto eliminó el transporte público (incluidos los taxis y el servicio de Uber) y se prohibió atravesar fronteras entre municipios. Ese fue el golpe final para que muchas empresas decidieran echar llave y no seguir trabajando a medio vapor porque no podían asumir los costos de movilización de sus empleados. En el campo ya se habían perdido cultivos de repollo y otros productos que están amarrados a la cadena de producción de fábricas de alimentos o a las cocinas de hoteles y restaurantes.

Los días amanecían con un silencio pesado, sin ruidos de máquinas de las fábricas o construcciones, ni de vendedores ambulantes. Cada vez fue más difícil comprar comida: a partir del 7 de mayo solo se podía salir a buscar alimentos o medicinas cada cuatro días, según el último dígito del documento único de identidad. Con los mercados populares cerrados, los salvadoreños tenían que programarse para ir a esperar una o dos horas en las filas de los supermercados.

Pero el repliegue colectivo no brindó los resultados esperados. 

Se suponía que la cuarentena serviría para ralentizar la curva de contagios y preparar el sistema de atención. Ninguna de las dos cosas ocurrió. El sistema de salud no estaba listo; el personal seguía reportando, 55 días después, falta de equipo de bioseguridad y protocolos adecuados para atender a los pacientes sospechosos, como si aún estuviéramos en las primeras semanas. 

La comunicación del gobierno en redes sociales publicaba que ya se había mejorado toda la red hospitalaria del país, pero no informaban de cómo se tradujo esa inversión en más camas y unidades de cuidados intensivos. Se prometió construir “el hospital más grande de Latinoamérica” a un costo de 70 millones de dólares en dos meses y medio, pero transcurridos dos meses, el megaproyecto llevaba solo un 34 % de avance mientras el ministro de Salud, Francisco Alabí, repetía con preocupación: “Estamos entrando en un colapso del sistema de salud”.

La curva de contagiados no se aplanó sino que aumentó al mismo tiempo que las presiones de los grandes y pequeños empresarios por saber cómo sería el plan de reactivación porque ya estaba terminando el plazo de tres meses de congelamiento de facturas de alquiler y servicios.

Aún no era posible imaginarse “el día después” del confinamiento. Todo lo contrario. La película de terror seguía siendo la misma. El domingo 17 de mayo, en su octava cadena nacional de radio y televisión, el presidente pidió  a los televidentes que cerraran los ojos e imaginaran a un pariente asfixiándose por no ser atendido en un hospital. “No es tiempo de abrir, por más que griten los empresarios”, insistió. 

Pero la determinación solo le duró 24 horas luego de que la Asamblea aprobó una ley para la reapertura gradual de la economía. Entonces se atrevió a poner una fecha para el fin de la cuarentena: 6 de junio, siempre y cuando la población cumpla con “una cuarentena más severa” para bajar la curva de contagios, y que en lugar de 70 a 100 casos diarios nuevos sean 20 o 30. Siempre y cuando la Asamblea le apruebe su versión de plan y le entregue más fondos.  

Los detalles de las fases y protocolos seguramente llegarán a golpes de tuitazos a altas horas de la noche, como es la costumbre del presidente milenial. 

Para esa nueva etapa, lo que ya está normalizado son las colas de gente afuera de los supermercados y de los bancos. Todos aceptan que el aire acondicionado es secundario, que ingresarán por grupos y que se deberá esperar con distancia sin ver sonrisas (anuladas por los tapabocas obligatorios); sin poder platicar ni desahogar las frustraciones de no haber visitado a los padres en meses o de haber perdido el empleo o la fuente de ingresos. Sin poder comentar que ya no vienen las remesas o que no saben cómo los hijos terminarán el año escolar. Sin poder comentar que venimos de un mundo raro donde el presidente no solo ha practicado el distanciamiento político, sino también el científico; un mundo donde hasta se prohibió la venta de flores y pasteles para el Día de las Madres. 

Mayo 2020


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