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Funcionario vende protectores al gobierno

Funcionario vende protectores al gobierno

En medio de la pandemia, un funcionario del gobierno de El Salvador ha encontrado la manera de hacer negocios con las compras públicas de emergencia. Por Cecibel Romero

La noche del 18 de marzo, cuando se anunció el primer caso confirmado de coronavirus en El Salvador, el presidente Nayib Bukele dijo que se venía un tiempo de mucho sacrificio para distintos sectores económicos del país y aseguró que el Estado haría una importante inversión para proteger la vida de su población. “Aquí va a fluir mucho dinero: para la construcción del hospital, para hacer consultorías, para medicamentos, para hacer compras internacionales”, dijo en cadena nacional de radio y televisión.

Efectivamente, ya fluyó mucho dinero. Hasta mayo de 2020, la cuenta de gastos públicos para atender la emergencia sobrepasaba los 500 millones de dólares, y solo para la pandemia, el presidente Bukele logró que la Asamblea Legislativa le aprobara la negociación de emisión de deuda por más de 3 mil millones de dólares. 

Una parte del dinero público invertido, al menos un cuarto de millón de dólares, tuvo como destino la empresa familiar de un funcionario del gobierno: Jorge Aguilar Zarco, presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes) desde 2019 y ahora también proveedor de protectores faciales de la COVID-19. Fonaes depende del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

A pesar de que la ley de compras del Estado salvadoreño prohíbe expresamente que un funcionario haga negocios con el propio gobierno, la empresa de Jorge Aguilar obtuvo con el Ministerio de Salud un contrato de 250 mil dólares para venderle protectores faciales de plástico.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, envió el 30 de abril a los diputados de la Asamblea Legislativa un informe de las primeras compras que se habían hecho para hacer frente a la pandemia. En la casilla número 20 del documento elaborado por el ministerio se puede leer: “Máscaras protectoras, Insema SA de CV, $250,000.00”.

Insema SA de CV es una compañía propiedad de Jorge Aguilar, el funcionario-empresario, fundada en 2001 para reciclar plástico, papel y aluminio, materias primas que se envían a la planta de una empresa hermana instalada en Honduras. Ahí se procesan y se obtiene, entre otros productos, resina PET grado alimenticio, el material con el que fueron elaborados los protectores faciales vendidos al gobierno del que forma parte.

Así que ese último día de abril los diputados pudieron haber reparado en que para el gobierno de Nayib Bukele —quien en febrero de 2019 ganó la Presidencia de El Salvador con la bandera de la lucha contra la corrupción— el servicio público puede mezclarse con los negocios personales.    

Koky Aguilar, como le dice su entorno más cercano, no debió haber vendido nada al Ministerio de Salud (Minsal) por al menos dos razones. Primero, porque viola el artículo 5 de la Ley de Ética Gubernamental que le exige evitar cualquier conflicto de interés. Segundo, porque la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (Lacap) prohíbe que los funcionarios sean contratistas del Estado. 

Salud con lupa buscó al Ministerio de Salud y al funcionario para pedirles que explicaran esta adjudicación, pero ninguno respondió hasta el cierre de esta edición. 

Abogados consultados mencionan que sólo existen dos posibilidades: en el gobierno se tiene la convicción de que las disposiciones de emergencia anulan la prohibición establecida en la ley o decidieron no acatarla. 

Los funcionarios están inhibidos de convertirse en contratistas del Estado con el fin de preservar el respeto a los principios de libre competencia, probidad, igualdad e imparcialidad en los que se basa la Lacap.

Para hacer negocios con el Estado es obligatorio firmar una declaración en la que se da fe de estar cumpliendo las disposiciones legales del país, entre las que se encuentran las establecidas en los artículos 25 y 26 de la Lacap, que sancionan los conflictos de interés y prohíben tajantemente ser proveedor y funcionario a la vez.

La ley establece que la violación de esta disposición constituye una falta grave, con sanciones que incluyen el cese de los funcionarios involucrados y la inhabilitación de la empresa para participar durante cinco años como proveedor del Estado salvadoreño.

Estas sanciones deberían aplicarse si estuvieran funcionando completamente los controles de la Lacap, pero el gobierno realizó varias jugadas que modifican el mecanismo de contrataciones directas previsto en la ley especial para compras de emergencia.

Aunque el lunes 15 de junio Jorge Aguilar aceptó una entrevista a Salud con lupa, el funcionario no la concretó pese a las peticiones de la autora de este reportaje.

* * *

Jorge Aguilar, al igual que Nayib Bukele, es un político alejado de la vida cotidiana de los partidos tradicionales, aunque de tanto en tanto coquetea con ellos. Como cuando, por ejemplo, tuvo una breve incursión en el partido de derechas Arena e intentó convertirse en 2014 en candidato a alcalde de Santa Tecla. 

Sin embargo, luego de un breve periodo, súbitamente anunció que no competiría por la candidatura de este partido para la alcaldía tecleña. “Me he dado cuenta de que la política no es lo mío”, dijo a los periodistas en aquella ocasión.

Cinco años más tarde, dio un paso atrás en sus convicciones. Al arrancar el gobierno de Nayib Bukele en junio de 2019, Aguilar aspiró a ocupar el puesto que el presidente decidió entregar a su hermano Yamil Bukele. El gobernante, en cambio, lo nombró a cargo de Fonaes, la institución responsable de administrar las compensaciones ambientales.

Y en los meses que han pasado desde entonces Aguilar parece haber cambiado ya completamente de opinión. Al final, se convenció de que la política sí es lo suyo y el sábado 13 de junio anunció que participará en las elecciones internas de Nuevas Ideas, el partido del presidente Bukele, para conseguir la candidatura a la alcaldía de Santa Tecla en las elecciones de 2021.

Una vez hecho el anuncio, Koky Aguilar recibió muchas felicitaciones. Una de las primeras fue la de Michelle Sol, la viceministra de Vivienda y esposa del secretario del presidente Bukele, Ernesto Castro. “Gracias madrina por el apoyo”, respondió Aguilar en Twitter, adjuntando una foto en la que ambos muestran mucha familiaridad.

* * *

A mediados de marzo, la amenaza del coronavirus ya era una realidad en América Latina. El presidente Nayib Bukele se jactaba de que El Salvador se había adelantado a países como México y Estados Unidos en medidas como el cierre de fronteras.

“El mundo NO ESTÁ haciendo lo suficiente para detener el virus”, escribió entonces en su cuenta de Twitter. “En serio, no sé que esperan en la AsambleaSV. ¡Necesitamos el Estado de Excepción ya!”, tuiteó el 14 de marzo.

La Asamblea, después de marchas y contramarchas, aprobó un decreto de emergencia que no restringía mayormente los derechos ciudadanos, pero sí abrió la puerta para agilizar las compras del Estado.

En Comprasal, el sitio en internet en el que el gobierno está obligado a publicar todas las adquisiciones de bienes y servicios, es posible rastrear 11 órdenes de compras directas de necesidades relevantes como alimentación para centros de cuarentena, adquisición de trajes de protección personal e incluso el equipo para las pruebas de polimerasa (PCR) que sirven para detectar el contagio.

Ana Orellana, quien se encontraba a cargo del Ministerio de Salud cuando inició la emergencia sanitaria, emitió esas órdenes de compra con la justificación de la emergencia. 

En el caso del dispositivo para analizar las pruebas PCR, por ejemplo, se detalló que una de los dos empresas llamadas a participar no cumplió con todos los requerimientos; y que a la segunda se le compró con un precio 22% mayor de lo presupuestado, sobrecosto que era necesario aceptar para dar respuesta oportuna a la pandemia. 

Ya con la declaratoria de emergencia en sus manos, el presidente Bukele no dejó de quejarse de los reclamos de los diputados para que haya transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y no ha dejado de hacerlo hasta la fecha. 

Sin embargo, la declaratoria original de emergencia no lo dejó satisfecho por completo, pues no quería seguir un modelo de trabajo con procedimientos de emergencia ya previstos en la ley, los mismos que obligan al Ejecutivo a emitir justificaciones razonadas de las compras públicas. 

Una y otra vez insistió en que mientras su gobierno se esforzaba al máximo para contener al nuevo virus, los diputados buscaban obstaculizar su labor y en colocarle trabas porque querían verlo fracasar en su propósito de evitar miles de muertes.

En medio de esa retórica, el Ejecutivo logró que el 23 de marzo se aprobara el decreto 606 para reformar la Ley de Emergencia y establecer que el Ministerio de Hacienda generara lineamientos específicos para la aplicación de compras.

Esta disposición, al final, se convirtió en un cheque que le permitió al gobierno evadir por la puerta trasera algunos principios que fomenta la Lacap, como el de igualdad y publicidad.  

Esta permisividad se constata en el caso de compras a proveedores extranjeros. Los lineamientos emitidos por la Unidad de Compras y Adquisiciones (UNAC) de Hacienda, por ejemplo, permitieron a los encargados de todos los ministerios obviar que las empresas en el exterior tengan la documentación en regla, “en función de tiempos, escasez de proveedores en el mercado, a efecto de no poner en riesgo la atención a la pandemia”, argumenta la disposición. 

Además, otorgó licencias para que en lugar de invitar a empresas a competir, se proceda a emitir directamente una orden de compra a un proveedor único en función de la premura. También se autorizó que el pago se realice de manera anticipada. 

La relajación de los mecanismos de control llegó al extremo de colocar al Estado en indefensión ante posibles incumplimientos de los contratistas. “Los lineamientos de la UNAC incluso autorizan obviar entrega de garantías en algunos momentos, algo que la Lacap no permite”, destacó la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Rivas, en una entrevista televisiva. 

Es decir, el Estado no podría reclamar las garantías en caso de que algún proveedor incumpla con los plazos o especificaciones de los productos o servicios adquiridos.

Aun así, el gobierno no logró todo lo que pretendía y terminó sujetándose a un poco de control. Los diputados dejaron establecido que el gobierno está obligado a presentar a la Asamblea un informe mensual de los bienes adquiridos, incluyendo proveedor y monto erogado.

La cláusula que los diputados introdujeron a última hora molestó al secretario privado del presidente, Ernesto Castro, que había llegado a la sesión plenaria la noche del 23 de marzo: “Estamos de acuerdo con dar transparencia. Habíamos acordado que después de 30 días de finalizada la emergencia, pero no… ¡Ya basta de estas actitudes! ¡El Ministerio de Salud está viendo cómo salva vidas, no como estos diputados, que solo vienen acá a hablar babosadas!”, expresó con exaltación.

Ese fue uno de los primeros exabruptos de uno de los hombres más cercanos a Bukele. A medida que los diputados pretendían eliminar las disposiciones transitorias e incrementar los controles, el secretario privado volvía a lanzar expresiones airadas.

Esa línea agregada de última hora obligó al Ministerio de Salud a enviar algunos detalles de los gastos realizados durante las primeras cuatro semanas. Y así lo hizo con el informe del 30 de abril, donde apareció la compra de protectores faciales a la empresa de Jorge Aguilar.

“El Ministerio de Salud de El Salvador ya recibió su pedido de máscaras protectoras faciales”, publicó Parque Industrial Verde en su cuenta de Facebook el 20 de abril. Ese parque es la marca comercial con la que se mueven en redes sociales las empresas recicladoras de Aguilar: Insema y Zartex. El funcionario y empresario le dio su respectivo like y compartió el mensaje.

Salud con Lupa preguntó el 25 de mayo al Ministerio de Salud el precio unitario de los protectores faciales comprados a la empresa de Aguilar como parte del pedido con un valor de un cuarto de millón de dólares; tres semanas después, aún no se recibía respuesta. 

La paralización de actividades en el Estado incluyó colocar en cuarentena las solicitudes de información pública. El portal de compras no reporta actualización de las adquisiciones durante la pandemia. La información escasea y hasta el 15 de junio, el Ministerio de Salud aún no había enviado el segundo informe mensual de compras a la Comisión Política de la Asamblea.

El empresario Jorge Aguilar es proveedor de protectores faciales del Estado y también hizo donaciones de estos equipos. Durante tres semanas (entre finales de abril e inicios de mayo) visitó también las instalaciones de los ministerios de Trabajo, Defensa, Economía y algunas alcaldías para repartirlos. 

En una ceremonia del 30 de abril, donde apareció entregándoles a deportistas, hizo una revelación: “Como ustedes sabrán, existió la campaña #RetoRecicla y se pudo recolectar aquellas botellas postconsumo… surgió la idea de poderlas convertir en un artículo de primera necesidad.”

Lo que Jorge Aguilar no informó es quién elaboró y cuántos protectores faciales  se produjeron con los 4.5 millones de botellas plásticas que el gobierno recolectó el primer fin de semana de febrero, para lo cual invirtió más de 200 mil dólares. Cada una se pagó a cinco centavos de dólar.

El #RetoRecicla fue la manera de dar la vuelta al problema de basura que el mismo gobierno generó luego de repartir miles y miles de botellas con agua en toda el área metropolitana de San Salvador, ante una súbita contaminación del agua potable producida por algas. El mismo presidente declaró que él no bebería de esa agua.

Cuando Nayib Bukele tuiteó la foto en la que aparece frente al volcán de 4.5 millones de envases plásticos recogidos durante el #RetoRecicla, escribió: “Queremos que vean qué pasará con las botellas que recolectamos juntos”. 

Su gobierno, sin embargo, nunca rindió cuentas sobre el camino que siguieron esas botellas. Las escenas en las que se ha mezclado la entrega de donativos a entidades de gobierno, con las entregas de los protectores faciales vendidos al propio gobierno, dificultan el rastreo de los detalles del negocio.

Nadie ha informado, además, si el plástico recogido en la campaña #RetoRecicla fue el insumo con el que se fabricaron los protectores faciales vendidos al gobierno o a qué empresa se contrató y cuánto le pagaron por realizar la transformación industrial de esas botellas de plástico.

En Comprasal aparece un dato: Fonaes solicitó un servicio de compactación del plástico recolectado, pero no detalla a quién se le asignó. La empresa Mudanzas Tecleñas ganó la licitación –452 dólares– por transportarlo al lugar de procesamiento. La empresa declinó proporcionar la información. 

Algunos ciudadanos vieron con suspicacia que Koky Aguilar estuviera involucrado en la campaña #RetoRecicla por sus actividades empresariales. A las críticas hechas en redes sociales de que ese esfuerzo terminaría beneficiándolo, el propio Aguilar contestó: “En Bolproes (Bolsa de Productos y Servicios). Ahí se colgará y licitará”, escribió, para dar a entender que todo sería transparente y se tramitaría de manera independiente. 

Sin embargo, no ha sido así. La página de internet de Bolproes no reporta ninguna licitación de Fonaes en los últimos meses.

Eso no detuvo, por supuesto, el tour de donativos. Entre el 22 de abril y el 15 de mayo, el KokyAguilar funcionario entregó una docena de donativos a distintas instituciones públicas y organizaciones humanitarias, según fue publicando en sus cuentas de redes sociales. “Se nos ha encomendado por el señor presidente poder llevar insumos a todo aquel que lo necesita”, dijo en la sede de la institución de socorro Comandos de Salvamento. 

A pesar de que el Ministerio de Salud había comprado los protectores faciales reciclados a la empresa de Aguilar, éste también promocionó que hizo donaciones directas a los hospitales San Rafael y Saldaña, los dos centros que en ese momento eran el foco de atención de pacientes de la COVID-19.

La última entrega se realizó el 15 de mayo a personal de noticias Megavisión. Allí soltó un dato redondo: Fonaes había donado ya 25 mil protectores faciales. Sin embargo, el 1 de junio como parte del balance del primer aniversario de gestión presidencial, Fonaes publicó que habían dado la mitad: 12,000.

Todas las cajas y bolsas que entregaba llevaban el logo de “Invemask, hecho en Honduras”, porque la planta Invema donde se elabora la resina PET de grado alimenticio se encuentra instalada en San Pedro Sula. 

Allí es donde Insema envía los productos que recoge en El Salvador, según detalló un representante de Parque Industrial Verde a los miembros de la Junta Directiva de ANDA, la administradora de agua, que llegó a presentar un proyecto de reciclaje.

En dicha reunión, por cierto, también estaba Koky Aguilar, pero del otro lado de la mesa, con la careta de presidente de Fonaes.

Aunque originalmente, la empresa producía resina para recipientes de bebidas o aceites comestibles, elaborados con plástico reciclado, en cuestión de semanas creó una nueva línea para el sector salud. “Decidimos darle la cara al Covid”, decía el primer post que se publicó el 5 de abril.  

Dos días después de que anunció su intención de inscribirse como precandidato a alcalde, Aguilar concedió una entrevista a un programa matutino de la radio Punto105. 

Cuestionado por el conductor Tony Cabezas si no tenía “una cola pateada” para poder competir por la alcaldía de Santa Tecla, el empresario y funcionario no dudó. Contundentemente, dijo: “Tengo las manos limpias”.

*Con información de David Bernal

El hoyo negro de Fopromid

La resistencia del Ejecutivo a transparentar los gastos ha sido consistente. Dos meses después de aquel exabrupto del secretario privado, la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Rivas, envió a los diputados un avance de pesquisas en el que exponía los obstáculos que habían tenido para obtener la información del Ministerio de Salud.

Rivas también advirtió de otro punto que será un reto para los auditores. El Ministerio de Hacienda trasladó todos los fondos de las partidas ordinarias, préstamos y donaciones que se están usando en la emergencia al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid). 

Y dicho fondo, al que hasta el 30 de abril se le habían inyectado más de 560 millones de dólares, es un ente autónomo. “Fopromid tiene su propia ley de aplicación, que excluye totalmente la aplicación de la Lacap”, dijo Rivas en la entrevista televisiva.

Cuando se aprobó la Ley de Fopromid en 2005, se redactó el artículo 6 con una clara intención de borrar todos los mecanismos de prevención de la Lacap para compras en situaciones de emergencia.

—¿Cuál es la razón de trasladar los fondos al Fopromid: evitar los controles? —se le pregunta al diputado democristiano Rodolfo Parker, que ha sido uno de los que más han exigido cuentas claras al gobierno. “Esto del Fopromid me da la impresión de que está siendo utilizado como una especie de hoyo negro; es decir, no hay controles”, responde. 

José Marinero, especialista en administración pública, plantea que existe una duda razonable sobre la legalidad de las transferencias de los fondos de emergencia a Fopromid, pero que ese es un debate jurídico por resolver: la autonomía del fondo lo convierte en una entidad jurídica distinta y “eso prohibiría las transferencias de recursos desde el Ministerio de Hacienda sin pasar por una autorización de la Asamblea”, argumenta. 

Sobre este punto ya sentó jurisprudencia la Sala de lo Constitucional, cuando en 2011 frenó el traslado de fondos sobrantes de los ministerios a la partida secreta de la Presidencia.

Parker señala que él y otros diputados ya tienen en la mira revisar esas transferencias, pero que no han tenido tiempo porque se concentraron en las tensiones generadas por la insistencia del gobierno en prolongar el estado de emergencia, y la negativa a generar un plan de reapertura económica.

Y las consecuencias…

El Salvador compró 400 mil protectores faciales con un sobrecosto de más de medio millón de dólares

Por Cecibel Romero

El Ministerio de Salud destinó en abril un millón de dólares para adquirir protectores faciales reciclados. Del total, 250 mil dólares se los llevó Insema, la empresa de un funcionario del Gobierno de Nayib Bukele. Los otros 750 mil dólares los recibió una sociedad de reciente creación. Ambas vendieron con un sobreprecio de 121% por unidad.

De su puño y letra y en el mismo mes, Francisco Alabí, ministro de Salud de El Salvador, ordenó hacer dos compras por un total de 400 mil protectores faciales con un sobrecosto de más de medio millón de dólares.

La primera orden, girada el 15 de abril, correspondió a la compra de 100 mil máscaras de plástico PET reciclado grado alimenticio, adquiridas a Insema SA de CV, la empresa propiedad de Jorge Aguilar, el funcionario público que encabeza el Fondo Ambiental de El Salvador, como documentó Salud con lupa el miércoles 17 de junio.

La segunda adquisición, hasta ahora desconocida, se hizo a la empresa SYGM Asesores, una sociedad mercantil con apenas seis meses de haber sido creada en el momento de la compra, a la que le realizaron un pedido de 300 mil caretas plásticas con idénticas características.

La orden 176/2020, hecha como parte de las compras de emergencia ante la pandemia de la COVID-19, especifica que los productos deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: “Banda ajustable, con ranuras de ajuste, cubre cara y orejas, para uso biosanitario, desechable”.

Y fija la cantidad de piezas y el precio: 300 mil unidades, a 2.50 dólares cada una, para un total de 750 mil dólares, según se lee en el documento fechado el 25 de abril de 2020, donde se indica que debían tener disponibilidad inmediata y entregar el producto el día siguiente de recibir la orden de compra.

De acuerdo con la información del Centro Nacional de Registros, SYGM Asesores quedó inscrita como una sociedad anónima dedicada a la “consultoría empresarial”, con dirección Final calle Arturo Ambrogi 7ª, colonia Escalón.

Una visita de Salud con lupa al domicilio constató que en ese lugar no existe ningún rótulo que identifique que allí funciona una oficina de asesores empresariales. Al buscar en internet, tampoco se encontró un sitio web ni redes sociales de la empresa.

La orden de compra la firmó el ministro Alabí, por el Ministerio de Salud, y Joel Ernesto Martínez López por la compañía SYGM Asesores.

El pedido a SYGM tiene las mismas especificaciones técnicas y el código interno de registro de productos (70409114) que se ocupó cuando se hizo la primera compra de protectores reciclados directamente a Insema, propiedad de Jorge Koky Aguilar, presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), el 15 de abril.

En total, el gobierno pagó un millón de dólares por los 400 mil protectores, es decir, 2.50 dólares por cada uno, pero una cotización de Insema solicitada por el equipo de Salud con Lupa ofrece las mismas máscaras a solo 1.13 dólares por unidad.

En plena emergencia sanitaria, y en un momento de extrema precariedad de recursos, el gobierno pagó un sobrecosto de 548 mil dólares.

La cotización recibida por Insema tiene fecha de 25 de mayo y en ella se ofertan los protectores faciales de 100% PET reciclado marca Invemask, los mismos que ha adquirido el Gobierno, con un precio de 1.13 dólares en un pedido de solo mil piezas.

La cotización, en la que se adjunta la imagen del producto, está firmada por María Fernanda Aguilar.

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La adquisición de las caretas se realizó cuando la Asamblea Legislativa ya había concedido al gobierno del presidente Nayib Bukele la declaratoria de emergencia, una condición que relaja los mecanismos de control en el uso de los fondos públicos con el propósito de agilizar las compras urgentes.

Los diputados, después de un tira y encoge con el Ejecutivo, lograron comprometer legalmente al Gobierno para que les entregue un informe mensual de las compras de emergencia realizadas.

El primer informe se entregó el 30 de abril y en él consta la compra a la empresa Insema, por un valor de 250 mil dólares, pero no menciona la adquisición de las otras 300 mil a SYGM Asesores por 750 mil dólares.

Hasta este viernes 19 de junio, los diputados de la Comisión Política aún no recibían oficialmente el segundo informe mensual de compras que la Ley de Emergencia dejó establecido como obligación para todos los ministerios involucrados en acciones contra la pandemia.

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Salud con Lupa reveló el pasado miércoles 17 de junio que Jorge Aguilar, presidente del Fonaes, se convirtió en contratista del Estado, lo que viola la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (Lacap) y la Ley de Ética Gubernamental.

Ahora se documenta también que la venta que la empresa de Aguilar hizo al Gobierno tuvo un sobreprecio de más de 121% respecto al valor comercial del producto adquirido por particulares.

Al comienzo de la pandemia, Bukele anunció en cadena nacional de radio y televisión que, dado que fluiría mucho dinero para atender la crisis, había instruido a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) que destinara 60 auditores para que vigilaran el correcto uso de recursos. “Quien se robe un centavo, yo mismo lo voy a meter preso”, sentenció.

Ni presidente Bukele, ni Jorge Aguilar, quien acaba de anunciar su interés en ser candidato a alcalde de Santa Tecla, uno de los municipios más importantes del Área Metropolitana de San Salvador, han reaccionado públicamente a las revelaciones.

El único funcionario que ha hecho referencia a las compras ha sido el ministro de Salud, Francisco Alabí. “En el caso de la adjudicación de las caretas se ha solicitado un estudio y recopilación de datos sobre este caso en particular”, expresó dos horas después la publicación del reportaje., aunque él fue la persona que firmó las órdenes de compra en ambos casos.

Como parte de la investigación periodística de Salud con Lupa, se solicitó a Parque Industrial Verde, la marca comercial con la que se promociona Insema, varias cotizaciones con el objetivo de comparar los precios al público y de mayoreo.

En un post de Instagram del 13 de abril, dos días antes de que se concretara la venta al Ministerio de Salud, Parque Industrial Verde ofrecía a 400 dólares las 240 unidades. Es decir, 1.88 dólares por unidad, 62 centavos más baratas que las vendidas al Gobierno, que no compró 240 máscaras, sino 100 mil.

En la última cotización enviada al equipo de Salud con Lupa, el 25 de mayo, el precio de mayoreo ya había bajado a 1.30 dólares si se compraban 300 unidades. Y disminuía a 1.13 dólares si el pedido era de más de mil piezas.

Esta cotización fue firmada por María Fernanda Aguilar, encargada de ventas de la empresa, y es la misma persona que firmó por los contratistas la orden de compra directa que hizo el ministro de Salud Francisco Alabí a Insema el 15 de abril.

Presidente de El Salvador separó a funcionario que vendió protectores faciales con sobreprecio

Por Cecibel Romero

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, separó a Jorge Aguilar de la dirección del Fondo Ambiental de El Salvador luego de que Salud con lupa reveló que una empresa de su propiedad vendió al Gobierno 100 mil protectores faciales a precios sobrevalorados. Además, Aguilar estaba impedido de ser contratista del Estado por ser un funcionario público. La Fiscalía General abrirá una investigación del caso.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que la Corte de Cuentas de la República y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) iniciarán auditorías de la compra de 100 mil protectores faciales adquiridos a 2.50 dólares por unidad en abril pasado. Este mismo equipo de bioseguridad era ofrecido por Insema, la empresa de Aguilar, a solo 1.13 dólares por unidad en el sector privado.

El presidente aseguró que, si esos exámenes concluyen en que hay indicios de corrupción en el proceso de adquisición de los protectores faciales, su gobierno presentará una denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo, el fiscal general de El Salvador, Raúl Melera, dijo esta noche lo siguiente: “hoy se ha dado un mensaje importante contra la corrupción Pero no vamos a esperar auditorias para ejercer nuestra labor. Hemos abierto las investigaciones correspondientes para determinar si se ha abusado del dinero que debería haber sido utilizado para el combate de la pandemia”.

Bukele no se pronunció sobre su ministro de Salud, Francisco Alabí, quien firmó la compra de los protectores faciales de plástico reciclado elaborados por Insema y otra adquisición de 300 mil protectores faciales comprados a SYGM Asesores también a un precio sobrevalorado.

El 17 de junio Salud con Lupa reveló que el gobierno de Bukele compró protectores faciales por un monto total de 250 mil dólares a la empresa de Jorge Aguilar, lo que supone una violación a la Ley de Ética Gubernamental y a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Compras de la Administración Pública (Lacap), que prohíbe a los funcionarios convertirse en contratistas del Estado.

El gobierno hizo una serie de maniobras legales que podrían inhibir la aplicación de las prohibiciones de la Lacap, pero dos abogados especialistas consultados por Salud con Lupa dijeron tener dudas de la legalidad de esas disposiciones.

En un segundo reportaje publicado este sábado 20 de junio, Salud con Lupa reveló que los protectores vendidos por la empresa de Aguilar al gobierno fueron adquiridos a un precio de más del doble del que la compañía las ofrece a los particulares. Asimismo, informamos sobre una segunda compra, esta vez de 300 mil protectores faciales, a una sociedad que apenas había sido creada seis meses antes de la adquisición.

Jorge Aguilar es un empresario del reciclaje y un político con una carrera discreta. Hace unos años intentó ser candidato a alcalde del municipio de Santa Tecla, uno de los más importantes del Área Metropolitana de San Salvador. En esa ocasión intentó postularse por el partido de derechas Arena, pero declinó su candidatura. “La política no es para mí”, dijo.

El funcionario separado decidió buscar de nuevo la alcaldía de Santa Tecla en las elecciones de 2021, y lanzó su precandidatura el sábado 13 de junio, esta vez por el partido Nuevas Ideas, fundado por el presidente Nayib Bukele.

El partido anunció pocos minutos después de que Bukele informara del despido de Aguilar, que había decidido rechazar la pretensión del empresario de competir por la nominación de Nuevas Ideas para la alcaldía tecleña. Nuevas Ideas argumentó su decisión en el hecho de que a Aguilar se le investigará por su presunta venta ilegal al gobierno.

Para: Salud con lupa

Junio 2020


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