Una Policía extraordinaria

Hemos visto cómo el partido que luchó para desmontar los aparatos represivos de seguridad a cargo de los militares, llenó de más verde olivo las calles. Negociaron horas y horas la creación de una PNC respetuosa de los derechos humanos, para -20 años después- disponer que los agentes pudieran disparar sin preocuparse.

Por Cecibel Romero

Ver las dos letras (MS) impacta más cuando están pintadas a la entrada del pasaje donde disfrutaste tu infancia. En los 70, la única preocupación al salir de casa era saber cruzarte la calle para ir a jugar a la cancha de enfrente. El mismo lugar donde, dos veces al año, se instalaba un circo.

En los 80, en ese barrio, aterraba el ruido de los helicópteros y aviones cuando despegaban de la Fuerza Aérea, sobre todo si era de madrugada.

Salí de la Colonia Santa Lucía (en Ilopango) en los 90, y cuando en las recién pasadas vacaciones de agosto pasé por el lugar donde fui feliz en mis primeros años de vida y vi esta imagen me hice la misma pregunta con la que el escritor Mario Vargas Llosa arranca uno de sus libros: ¿En qué momento se jodió este municipio? La respuesta de muchos, incluido mi padre, es que hubo un disparador en contra de ese vecindario después de la tregua entre pandillas (marzo 2012). Eso lo dicen los analistas en la televisión como parte de los discursos de ataque para sacar raja política. Pero cuando se visita el municipio las anécdotas de cómo el Estado fue anulado y la pandilla ha ganado cada vez más espacios se pueden recoger en el mercado, las escuelas, las iglesias.  

En enero de 2013 asistí al lanzamiento del primer municipio libre de violencia. El gobierno congregó en el parque de Ilopango a miembros de las dos pandillas principales para firmar un pequeño acuerdo de paz. Entonces parecía que el FMLN hacía honor a su frase de campaña “esta vez es diferente”. Había una mezcla de esperanza y escepticismo en medio de los jóvenes tatuados, de camisetas largas y gorras de visera plana que se concentraban curiosos frente a la tarima.

Ahora ya sabemos que no hubo ningún proyecto claro, completo y transparente para garantizar el desmontaje de estos grupos, porque las metas eran muy cortas y se diluyeron cuando avanzó el inevitable calendario electoral, donde los deseos de poder nublan cualquier intento de razonar y se tiran por la borda los procesos.

En esas colonias, la apuesta gubernamental de matar, limpiar e ir descabezando a los líderes de las clicas no se traduce en menos miedo para los habitantes. Allí la violencia no está definida únicamente por la cifra de homicidios. Este análisis es muy repetido por los encargados de la seguridad cuando las cifras de homicidios están altas; pero cuando hay una baja sí recurren al registro de homicidios para presumir efectividad. Las extorsiones y el ambiente hostil que afecta la dinámica cotidiana continúa, a pesar de las capturas o el descenso en las estadísticas de muertes.

Lo más lamentable de las fracasadas políticas de seguridad pública ha sido la progresiva pérdida de espacios públicos para la gente. Los parques y la calle son un riesgo para los niños y jóvenes, que están condenados al encierro preventivo. Algunos, también, a la deserción escolar.

En las colonias de clase media, amuralladas y llenas de portones que bloquean el tránsito y contribuyen al congestionamiento vehicular, todos somos sospechosos y no tenemos derecho a la libre circulación. ¿Cuántas veces hemos entregado nuestro documento de identidad a un agente privado de seguridad? Una petición que no tiene ningún fundamento legal, pero al que nos sometemos para ingresar a las burbujas de tranquilidad que se han construido para proteger a unos pocos y olvidarse del problema crítico en el resto del país.

En los últimos dos años hemos visto cómo el partido que luchó para desmontar los aparatos represivos de seguridad a cargo de los militares, llenó de más verde olivo las calles y las patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC). Negociaron horas y horas la creación de una PNC respetuosa de los derechos humanos, para -20 años después- disponer que los agentes pudieran disparar sin preocuparse, porque no abrirían procesos disciplinarios ni judiciales en contra. A la PNC que nació como un nuevo ente encargado de borrar las prácticas oscuras y nefastas de la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y los batallones de contrainsurgencia le han salido manchas igual de oscuras que las de estos.

¿En qué momento la perdimos? En estos años en que no ha habido un inspector de la PNC atento y abriendo expedientes para garantizar que el trabajo esté enmarcado en las reglas de un Estado de Derecho.

El procurador de Derechos Humanos, David Morales, ha documentado y alertado algunos casos, pero su labor ha sido limitada y,al final, no muy bien recibida. El mismo gobierno se ha encargado de promover el discurso salvaje -que fácilmente compran los ciudadanos- de que: “muerto el perro se acabó la rabia”. Algunas organizaciones no gubernamentales que antes también vivían en permanente denuncia de estos hechos, hoy descansan en la comodidad de ser parte del gabinete u ocupar alguna silla en los múltiples consejos que se han creado para la “participación ciudadana”, “la transparencia”, “empujar el cambio”, o etcétera.

La Policía está recibiendo más fondos para mejorar sus condiciones de trabajo, pero ha sufrido un desgaste de imagen producto de las decisiones políticas de los de arriba, a quienes parece que no les preocupa las arbitrariedades o abusos en las comunidades pobres o aisladas. En muchos de esos lugares, la PNC ya no representa un escudo de protección, sino otro actor en el escenario de violencia.

Hasta en otras tareas menos complejas se abona al desprestigio. Los agentes policiales ya ni siquiera son los que se encargan de ordenar el tráfico. En la fábrica de empleo gubernamental vino bien impulsar la figura del “gestor de tráfico” y ellos sí tienen una imagen de eficientes. Se les respeta, aplaude y nadie los compara con los “payasitos”.

Ya nadie habla de la apuesta de los primeros meses de gestión, la Policía Comunitaria. Esta semana se anunció la segunda fase de las “medidas extraordinarias”. Suena más aguerrido y rimbombante que Policía Comunitaria.

En la Colonia Santa Lucía no es usual ver a agentes caminando ni patrullando. Tampoco ha llegado, a ese que fue denominado el primer municipio santuario, el nombrado viceministro de Prevención, Luis Hidalgo, y su plan “Cero Grafitis”. A finales de julio, el informe oficial indicaba que ya llevaba más de 7,000 metros de paredes “borradas”, como parte de las medidas extraordinarias.  El diccionario define en su primera acepción que extraordinario es aquello “que es poco común, sale fuera del orden o regla general o sucede rara vez.” En ese sentido, quizás tenemos una Policía extraordinaria. La segunda acepción: “mejor o mayor que lo ordinario”, difícilmente aplica.

El Faro, 11.8.2016